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Por las costas del sur de España no solo entra droga. Entra también una sensación cada vez más extendida entre quienes patrullan el mar y las playas: la de estar librando una batalla desigual.

Concluyó el primero de los grandes juicios de corrupción que afectan al PSOE de Sánchez y al Gobierno. El primero de otros tantos, el primer gran proceso contra quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, el ministro con mayor peso político del Gabinete desde el inicio: José Luis Ábalos, la persona que también llevaba las riendas del PSOE desde la Secretaría de Organización, acompañado siempre de su fiel escudero, Koldo García.

Retumbaron en las paredes de la sala de vistas del Tribunal Supremo. Vicotr de Aldama, el empresario central de la trama, el nexo corruptor, confesó, acusó, se volvió autoinculpar. Y aportó la principal prueba: él mismo. Su propio testimonio. Porque no hay que olvidar, hay que tenerlo siempre muy presente, el hecho de que Aldama es el acusado que está colaborando con la Justicia.

¿Realmente es tan polémico ese término, y esa práctica? ¿De qué estamos hablando? De una violación de la Constitución, como dijo Pedro Sánchez, o de algo que en la práctica, las administraciones públicas españolas ya aplican bajo el nombre y el criterio de arraigo —aunque no siempre con ese nombre— para ordenar el acceso a recursos escasos? Pocas expresiones han generado tanta discusión reciente como “prioridad nacional”. Introducida en los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox en Extremadura primero, y replicada después en Aragón, la fórmula ha actuado como un auténtico catalizador del debate político. No es casual. El concepto, de resonancias europeas —especialmente vinculado a la derecha francesa—, aparece en documentos oficiales como un principio orientador para el acceso a ayudas públicas, vivienda protegida y servicios sociales. Sin embargo, su redacción en los acuerdos no es tajante. Lejos de establecer una exclusión directa por nacionalidad, los textos pactados no hablan de prioridad nacional. Literalmente los textos hablan de “arraigo real, duradero y verificable” como criterio para priorizar el acceso a recursos públicos. Ahí reside una de las claves de la controversia: ¿se trata de una medida de discriminación o de un criterio administrativo ya existente bajo otro nombre?

Si hay una causa judicial relacionada con la corrupción que ha preocupado y preocupa realmente a Pedro Sánchez, con independencia de que sea la más grave de las que se están investigando y juzgado, es la de la que afecta a su mujer, Begoña Gómez. La que provocó en su momento aquello inéditos 5 días de reflexión del presidente del Gobierno que terminó con una declaración en la que se manifestaba víctima de una persecución de bulos por parte de pseudomedios.

La primera semana del juicio del llamado caso Koldo, caso Ábalos en el Tribunal Supremo no ha traído grandes revelaciones, pero sí algo más corrosivo: la confirmación, bajo juramento, de un relato que durante meses parecía excesivo incluso para los estándares de la política española. Y, sin embargo, ahí está. Y de forma sorprendente este juicio que en realidad juzga unos hechos muy graves, lo suficientemente graves como el cobro de comisiones y mordidas a cambio de material sanitario en lo peor de la pandemia, se ha visto incrementado por testimonios que hablan del trasiego de billetes en metálico en la sede de Ferraz , fajos en metálico, sobres y bolsas de billetes. Desde el martes, el banquillo ocupado por un exministro de Transportes —José Luis Ábalos—, su asesor más cercano —Koldo García— y el empresario Víctor de Aldama ha proyectado una imagen difícil de digerir: la de un núcleo de poder donde lo público y lo privado se entrelazaban con una naturalidad inquietante. Uno de los elementos más perturbadores de la semana ha sido la reiteración, desde distintos ángulos, de un mismo hilo conductor: el dinero en efectivo circulando en torno al entorno del exministro.

El próximo día 7 de abril comienza en el Tribunal Supremo la vista oral del primero de los muchos casos de corrupción que tenemos por delante y que afectan al PSOE y ex miembros del Gobierno de Sánchez. El conocido como Caso de las mascarillas, o caso Ábalos, el que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por actuar en mitad de lo peor de la pandemia de manera coordinada, según el auto del Supremo, para obtener beneficios económicos de la venta de material sanitario mediante la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas aprovechando la posición de influencia de Ábalos, tanto en el Gobierno como en el PSOE, donde ocupaba el cargo de secretario de organización.

Desde hace tiempo ya nada es lo mismo cada vez que hay un resultado electoral. Salvo contadísimas excepciones en España ya nadie gana ni ganará por mayoría absoluta. Es una realidad. Que ha tardado, que algunos han tardado en asumir. Pero la política de pactos, negociones y gobiernos de coalición empieza a estar asumido no sólo por todas las formaciones políticas sino por el ciudadano antes de depositar su voto. Por eso no funciona lo del miedo a la derecha o la ultra derecha. Todo saltó por los aires en el comienzo de esta legislatura tras el “somos más” de Sánchez a pesar de perder las lecciones. El pacto con Bildu y con Puigdemont como escaparte de la ruptura de todo los anteriormente establecido. El cambio de paradigma reforzado con aquel discurso de investidura de Sánchez diciendo que había que construir un Muro, en un lado la derecha y la ultra derecha, dijo Sánchez, en el otro el resto. El inicio del auge de la polarización actual. La polarización que hace que ahora en el PP diga que no pueden ser reprochados por pactar y gobernar con Vox, cuando el PSOE lo ha hecho con Bildu y Podemos. Es lo que hay. Convertido en quimera el loable objetivo de que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo. De que se deje gobernar a la lista mas votada. Lo inevitable en el panorama político actual, desde hace ya algún tiempo, es que estamos en una etapa diferente. Y las cartas están ya boca arriba. No acaban de comenzar las negociaciones, y esta vez parece que sí, suenan campanas de boda

El caso Forestalia. No se habla demasiado de él. Bien es cierto que estamos rodados ya saturados de información y que en las últimas dos semanas desde el inicio de los ataques de Irán solo se habla inevitablemente de ello. Pero de entre los numerosos casos de corrupción se le ha prestado poca atención a este. La nefasta utilización y aprovechamiento de la transición energética, para obtener contratos y beneficios supuestamente delictivos. La corrupción verde. Se investiga una presunta trama de corrupción en la tramitación de grandes parques eólicos y solares. Entre los detenidos, un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, persona de máxima confianza de la entonces ministra Teresa Ribera. La Guardia Civil habla de posible prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo. Más de medio centenar de proyectos están bajo la lupa.

24 horas después de que el presidente del Gobierno dijera que la posición española se resumía en cuatro palabras, "no a la guerra", el Ministerio de Defensa informaba de que enviábamos la fragata de combate más avanzada que tiene la Armada española.