
Hosted by Radio Nacional Argentina · ES

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina. En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el femicidio de la joven, madre de dos hijos, que fue asesinada a balazos en la puerta de su casa el 16 de enero de 2008. El crimen fue cometido por sicarios que habían sido contratados por su ex marido, José Arce, y su ex suegra, Elsa Aguilar, en el barrio El Remanso, en Pilar. En 2013, la causa llegó a juicio y después de varias audiencias el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Campana condenó a madre e hijo a prisión perpetua por ser hallados responsables de homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas. Para hablar de este caso, dialogaron con Oscar Galliano, hermano de Rosana, quien lamentó que la justicia no haya condenado a los autores materiales del hecho. “Sabor a poco por un montón de situaciones que han quedado en el camino”. “A los hermanos Leguizamón que son partícipes necesarios del crimen los dejaron libres”, lamentó sobre la absolución de Gabriel y Pablo que fueron los sicarios. “Estos casos son calcados, las mujeres tienen miedo de hablar”. “Mi hermana era una mujer frágil y maravillosa, especial”, recordó.

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina. En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó los sicariatos, los crímenes por encargo y los ajustes de cuentas que representan manifestaciones extremas de la violencia organizada, impulsadas mayormente por el narcotráfico. A propósito de este tema, conversaron con Rodrigo Miró, periodista rosarino especializado en narcotráfico y violencia narco. “Se van sumando semana a semana, datos, noticias, títulos que parecen sacados de una serie de Netflix pero son reales”. “Cuando hablamos de violencia o hechos criminales en Rosario, quiero destacar que en 2024 y 2025 la cantidad de hechos descendió muchísimo. Lo que no significa que las bandas se hayan desarmado”, explicó. “El Plan Bandera ha sido fundamental, la coordinación entre fuerzas federales y la policía provincial”.

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina. En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el caso del cura Julio César Grassi, condenado por corrupción de menores y, en 2009, declarado culpable en dos casos de abuso sexual a un menor de edad. Si bien recibió una pena de 15 años, ese mismo día, fue absuelto de otros 15 delitos contra la integridad sexual por no haber pruebas suficientes para el juicio. Para recordar el proceso de investigación judicial, conversaron con el abogado querellante Juan Pablo Gallego. “Este caso lo tuvo todo, más de 25 años alrededor de este caso”, recordó. “Desató un proceso inédito, no sólo era un cura de la televisión sino que era un cura del poder, era un top five del poder de la Argentina”. «El gran mérito es que, ante todo ese panorama, fue un antes y un después y logramos condena ante tanta adversidad». En 2013, la Suprema Corte bonaerense ratificó la pena y el Tribunal ordenó su detención. A Grassi se lo consideró autor reiterado de los delitos de abuso sexual, agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima, en concurso real corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda. En 2017, la Corte Suprema de la Nación confirmó la condena, Grassi fue a la cárcel, la Unidad N°41 de Campana, donde sigue hasta hoy y la pena se considerará cumplida el 30 de mayo de 2028.

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina. En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó las extorsiones digitales, una modalidad delictiva creciente que se implementa, generalmente, a través de aplicaciones de citas, por parte de bandas criminales que usan perfiles falsos. A propósito de esto, recordaron el caso del suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que decidió terminar con su vida acorralado por una red de extorsión digital, el 16 de diciembre pasado. Para analizar esta modalidad delictiva y su dinámica, conversaron con Marcelo Bugallo, consultor en ciberseguridad y riesgos digitales. “Cada vez uno expone más datos digitales en las redes sociales”, advirtió, “es una combinación de varios factores, es alarmante”. “El uso de la IA es una herramienta muy útil para el ciberdelincuente, habría que limitarlo en ciertas líneas éticas y también evitar exponernos con tanta información en las redes sociales”. “Confianza cero, hay que desconfiar de las cosas y evitar exponerse en las redes y dejar huella digital”, sugirió. «Hay que tener mucho cuidado con lo que uno publica, cualquiera puede ser víctima».

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina. En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó el caso aún sin esclarecer por la desaparición del militante peronista y albañil retirado que había sido víctima de desaparición forzada durante la última dictadura cívico militar. López desapareció de su domicilio en la localidad de Los Hornos el 18 de septiembre de 2006 cuando debía dirigirse a los tribunales platenses para presenciar la audiencia de alegatos en el juicio que condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz. Previamente había dado testimonio sobre su secuestro ocurrido en 1976 y había acusado al ex comisario de la Bonaerense como jefe de la patota que lo torturó. Para analizar lo ocurrido hace casi 20 años, conversaron con Rubén López, hijo de Jorge Julio López. “Se ha hecho mucho pero no está a la altura porque van a cumplirse 20 años y no se llegó a nada con la investigación”. “La carátula sigue siendo presunta desaparición forzada”, aclaró. “Sé que alguien de la familia va a terminar sabiendo qué pasó con mi viejo, es lo único que me queda como esperanza”. «Su vida fue siempre trabajando y ayudando a quien lo necesitaba, fue una persona comprometida».

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina. En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó el repunte, en los últimos meses, de incidentes vinculados a atentados y amenazas de bomba sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el marco de la guerra en Medio Oriente. Para ello, y para conocer los protocolos que se aplican en estos casos, conversaron con el Comandante retirado de Gendarmería, Osvaldo Laborda, experto en explosivos. “La Argentina ha tenido un larguísimo historial de bombas tremendas, con muchas personas fallecidas, en algunas décadas del siglo pasado. Esto ha hecho que las Fuerzas Federales del país tuvieran personal preparado y protocolos de trabajo”. “Hoy tenemos un estándar en las Fuerzas Federales altísimo respecto de la eficiencia, de la respuesta y los controles”, expresó. “Se ha avanzado muchísimo del lado de las Fuerzas Federales”. “Es un fenómeno mundial el amenazar o ejecutar acciones a través de explosivos”, lamentó.

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina. En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó al joven de 16 años que desapareció el 31 de enero de 2009 pero su cuerpo fue identificado en 2014 tras haber permanecido enterrado como NN en un cementerio. Meses antes de su desaparición, Luciano había sido torturado en el destacamento policial de Lomas del Mirador y el policía Diego Torales fue condenado a 10 años de prisión por emplear tormentos físicos agravados contra él. A propósito de este hecho, conversaron con Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. “Nosotras, mi mamá y yo, sabíamos que Luciano venía siendo hostigado después de la negativa a salir a robar para un grupo de policías que operaba en el barrio”. “Esta operatoria de captar pibes para robar para la policía no es algo que ocurrió solamente con Luciano sino que muchas madres denuncian en sus diferentes barrios a lo largo y ancho de nuestro país”. “Esto es una problemática y tiene que ver con la inseguridad”, advirtió. “Hace un montón que venimos pidiendo que se ponga la mirada, la conciencia y la humanidad sobre la realidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes en los barrios. El caso de Luciano no es el único”.

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina. En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó los diferentes aspectos que permiten atribuir un nivel de perfección en el cometimiento de un crimen aunque hay especialistas que ponen en duda esta circunstancia y optan por hablar de investigaciones imperfectas. Algunas de las condiciones que deben cumplirse están vinculadas a un alto nivel de planificación, precisión y astucia que no dejen rastros evidentes, sospechas ni pruebas para identificar al culpable. En este marco, analizaron el «crimen de Coghlan» a partir del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido en 1984, enterrados en el jardín de la casa de un excompañero, Cristian Graf, en Coghlan. Para ello, conversaron con la periodista Virginia Messi, autora del libro “Crimen y Misterio en Coghlan”. “El caso me llamó la atención porque me enteré que el cuerpo pertenecía a un adolescente y que tenía lo que parecía ser un uniforme de colegio, con muchos elementos: un reloj, una moneda japonesa, un corbatín”, recordó Messi. La periodista reconstruyó el hallazgo accidental de los restos humanos en mayo de 2025 y valoró el trabajo del Equipo de Antropología Forense “que permitió saber las causales de la muerte y la edad de Diego”. Para Messi, el crimen “no fue perfecto porque no fue planificado, no se sabe el móvil”, explicó y destacó “el papel de la prensa” para darle visibilidad al tema. «Estaría bueno un juicio por la verdad», evaluó.

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina. En esta oportunidad, Ecos Criminales recordó la trágica muerte de Marcela Brenda Iglesias Ribaudo, que tenía seis años cuando el 5 de febrero de 1996 una escultura de hierro de más de 200 kilos se desplomó encima suyo en el espacio público Paseo de la Infanta, en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. En marzo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado nacional por no garantizar condiciones seguras en la instalación de la estatua que cayó sobre la pequeña. Para ello, conversaron con Nora Ribaudo, mamá de Marcela, quien recordó aquel día trágico así como todo el recorrido que llevó el reclamo de justicia que encabezó junto a su marido Eduardo Iglesias. “Al escuchar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos te viene una emoción inmensa. Saber que se hizo justicia, no sé si es alegría, si es paz interior pero al mismo tiempo los ojos se te llenan de lágrimas”. “Seguimos porque le habíamos prometido a Marcela que mientras viviéramos íbamos a pedir justicia por ella”. “En nuestro país nos cerraron todas las puertas. A Marcela la desvalorizaron como persona”, lamentó. De aproximadamente 250 kilogramos, 1,30 metros de ancho y 2 metros de alto, la pieza colapsó sobre la nena mientras ella jugaba en el Paseo de la Infanta, de acceso libre, ubicado en avenida del Libertador al 3800, rebautizado Paseo Marcelo B. Iglesias, del Parque Tres de Febrero, en homenaje a la joven víctima. Especialistas de la Superintendencia Federal de Bomberos establecieron que los vientos de hasta 24 kilómetros por hora favorecieron la caída de la obra. La tragedia se habría evitado si la estructura hubiera estado correctamente soldada a su base. Otras dos niñas que jugaban junto a Marcela resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro médico. La investigación determinó múltiples irregularidades en torno a la instalación de la escultura, llamada Elementos, y a su seguridad, teniendo en cuenta que formaba parte de una muestra artística montada en un espacio público, y también en cuanto a la concesión del paseo. Tras el accidente, la jueza Susana Nocetti de Angeleri procesó al escultor, Danilo Danzinger; a la dueña de la galería de arte, Diana Lowenstein; y los tres exinspectores municipales, Héctor Torea, Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale. La causa penal se extendió por cerca de nueve años debido a excepciones, recusaciones y recursos de la defensa, hasta que prescribió el 15 de diciembre de 2005 y los cinco imputados fueron sobreseídos, según la Cámara de Casación.    

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina. En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó este movimiento de resistencia que reúne expresiones culturales, sociales y simbólicas originadas en el ámbito carcelario argentino. La cultura tumbera incluye un lenguaje propio, tatuajes y vestimenta específica, dentro y fuera de las rejas, ante esta marginalidad, lo que constiye una forma de identidad colectiva que redefine al delito. Para analizar la incidencia del acceso de los reclusos a celulares dentro de los penales, lo que les permite seguir organizando crímenes, conversaron con el diputado bonaerense de LLA, Oscar Liberman, quien ha presentado un proyecto de ley para prohibirlo. “No debería tener que discutirse legislar algo así. Hay que volver a declarar la ilegalidad de un celular dentro del calabozo”. “Votar este proyecto es prioritario”, admitió. Liberman presentó la «Ley Rodrigo» para prohibir el uso de celulares personales en cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca frenar extorsiones y delitos cometidos desde penales, limitando la comunicación a dispositivos controlados, con un máximo de 5 contactos registrados y la instalación de inhibidores de señal.