La Diócesis de Bilbao y Caritas Bizkaia valoran la aprobación del Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes como una medida de responsabilidad política, ética y social.

Hacia una sociedad más justa e inclusiva

Se trata de un paso decisivo para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida social, económica y comunitaria. La regularización supone una oportunidad real para romper situaciones de exclusión estructural y construir una convivencia más cohesionada. Ante un proceso complejo desde el punto de vista técnico y administrativo, ambas entidades subrayan la importancia de que la Administración garantice los recursos necesarios para que esta medida llegue efectivamente a todas las personas potencialmente beneficiarias, especialmente aquellas que llevan años sin poder regularizar su situación por las vías ordinarias. En ese sentido, “desde Caritas instamos a las AAPP a facilitar el registro presencial, la obtención de la documentación necesaria y la tramitación preferente de estos expedientes. En caso contrario, la aprobación de esta regularización extraordinaria no cumpliría su cometido”, afirma Susana Cuesta responsable del servicio jurídico de Caritas Bizkaia.

Expresión coherente del Evangelio

La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente de su misión. Según afirma Manu Moreno, delegado episcopal de Caridad y Justicia y de Caritas Bizkaia: “Esta es una medida de justicia social, de reconocimiento de los derechos de las personas; muestra una sociedad que se quiere construir desde los derechos, y no desde la vulneración y exclusión. Una medida que permite visibilizar y dignificar a muchas personas que se ven obligadas a abandonar su tierra en la búsqueda de un futuro.” Desde 2023, Caritas Bizkaia junto con otras entidades de Iglesia y sociales viene insistiendo en la necesidad de aprobar un proceso de regularización extraordinaria en favor de las personas migrantes como una cuestión de justicia y cohesión social y el respeto a los DDHH. La ILP, con más de 600.000 firmas recabadas, fue un ejemplo de movilización social en esta línea

Impacto en Euskadi

La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en Euskadi en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación. Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en Euskadi, más de 315.000 personas migrantes viven en la comunidad autónoma. La situación administrativa irregular en la que se encuentran muchas de ellas provoca que el 41% esté en situación de exclusión social, una cifra cinco veces superior a la de la población autóctona. En este contexto, Caritas Bizkaia atendió en 2025 a más de 4.700 personas migrantes en situación irregular, lo que representa el 41% del total de personas acompañadas. Se trata de una realidad que no ha dejado de crecer desde 2019. Al final, la irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta al conjunto de la convivencia social.

Salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad

La regularización administrativa transforma profundamente la vida de las personas migrantes, ya que les permite salir de la incertidumbre y acceder a derechos fundamentales. Según afirma la directa de Caritas Bizkaia, Elena Unzueta: “Esta medida responde a una realidad que no podía seguir ignorándose y supone una oportunidad para avanzar en cohesión social, garantizando derechos y fortaleciendo una sociedad más justa. Tener una autorización de residencia y trabajo no solo abre la puerta a un empleo formal y a una mayor seguridad económica, sino que facilita algo tan esencial como acceder con normalidad a la sanidad, la vivienda, la educación o los servicios básicos, y poder realizar gestiones cotidianas sin miedo”. Y añade: “Además, la regularización protege frente a la explotación y la discriminación, y favorece una convivencia más justa e inclusiva. En definitiva, es una oportunidad para que miles de personas pasen de la invisibilidad a la plena participación social, contribuyendo también con su trabajo y sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos y al fortalecimiento de nuestra sociedad”.

Acompañamiento desde Caritas Bizkaia

Iñigo Cortazar, Responsable del Servicio Social de Caritas Bizkaia, explica que "creemos que es un acto de justicia social, como un ejercicio de derechos. Tenemos que tener en cuenta que las personas que van a acceder a esta regularización son personas que ya conviven entre nosotros, que forman parte de nuestro tejido social, que están aportando ya a la sociedad. Lo que se pretende conseguir con esta medida es igualar en oportunidades, igualar en derechos, darles un lugar en esta sociedad en la que ya conviven, pero en inferioridad de condiciones". "Tenemos más o menos una estimación de que en la comunidad autónoma vasca se van a poder regularizar cerca de 38.000 personas. En Bizkaia estamos hablando de algo más del 50% de esa población total, o sea, estamos hablando de muchas personas".

Requisitos básicos

Iñigo comenta que "hay que cumplir con los requisitos básicos que establece el Ministerio, que en este caso es haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, poder demostrar una permanencia continuada cinco meses atrás desde la fecha en la que se solicita la regularización y el certificado de antecedentes penales del país de origen. Eso sería un poco los tres requisitos indispensables". "Posteriormente hay que aportar un informe de vulnerabilidad que se ha incorporado posteriormente a lo que es la planificación de la regularización. Este informe de vulnerabilidad lo pueden emitir tanto los servicios públicos, los servicios sociales de base, el ayuntamiento, así como las entidades del tercer sector, que formamos parte como entidad colaboradora del Ministerio de Extranjería, y luego rellenar el impreso de solicitud y la tasa que hay que pagar. Y así solicitar cita online o bien en Correos o en la Oficina de la Seguridad Social para hacer la presentación del expediente". "Ahora mismo se están acercando muchas personas a Cáritas. Hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre. Lo que estamos intentando desde Cáritas es, primero, tranquilizar a la población que va a entrar en esta regularización. Recordamos también que la presentación de expedientes va a ser hasta el 30 de junio", concluye Iñigo.