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A
Antes quiero contar una cosa. Pedro Jiménez, buenos días.
B
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
A
Desde ayer estaba contando eldiario es y tenemos la confirmación de eso que tiene que ver con los jueces que han fallado, que han condenado todavía sin conocer la sentencia. Han pasado seis días desde conociéramos el fallo. Mañana va a hacer una semana y seguimos sin saber la sentencia. Pero tres de los jueces que formaron ese tribunal, tres de los jueces que condenaron al Fiscal general del Estado, después del juicio, impartieron un curso pagado por una de las acusaciones. Esta acusación sería el Colegio de Abogados de Madrid. Cuéntanos, Pedro.
B
Sí, en plena deliberación, además de esta sentencia cuyos detalles todavía no conocemos, por partes, Ángel, es normal que jueces, fiscales, letrados, juristas, todo tipo de operadores jurídicos hagan cursos organizados por colegios profesionales de procuradores de abogados. No hay que pedir la compatibilidad al Consejo del Poder Judicial para ejercer la docencia o para ir a una charla, una mesa redonda. Tampoco hay que declarar los ingresos. En este caso se trató de un curso en el Colegio de Abogados de Madrid sobre la casación en el turno de oficio, que este es el recurso que se presenta ante el Tribunal Supremo. Este es un curso muy antiguo, lo coordina el magistrado del Alto Tribunal Antonio del Moral desde hace muchos años y en esta edición participaron otros dos magistrados que junto a él han formado parte de la sala que ha condenado al exfiscal general, el presidente Andrés Martínez Arrieta y Juan Ramón Verdugo. Hasta aquí lo normal, porque no hay que olvidar tampoco que son muchos los fiscales que participan en este tipo de cursos. Lo que es más difícil de entender, Ángel, es que en este caso, esta edición en el Colegio de Abogados de Madrid ha empezado, como te decía, en plena deliberación de una sentencia histórica que condena a Álvaro García Ortiz. Y este Colegio es acusación en el juicio. Y además es que hace unos minutos hemos conocido otra novedad más importante aún, que ha adelantado Televisión Española. Es un sonido al que también ha tenido acceso la Cadena Ser. Es una grabación del final de la clase de Andrés Martínez Arrieta que terminó diciendo esto Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de. Y con esto, señores, concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general. Esta clase, Ángel, estaba programada para el 18 de noviembre y hasta el día 20 no supimos que la ponencia había pasado de una magistrada que quería absolver a García Ortiz, Susana Polo, a un magistrado que quería condenar como es Andrés Martínez Arrieta, o sea que en este caso Martínez Arrieta estaba revelando ya el cambio de ponencia en un curso organizado por Coleg de Abogados de Madrid.
Podcast: Hoy por Hoy
Host: Àngels Barceló (SER Podcast)
Date: November 26, 2025
Episode Title: Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general dieron tras el juicio un curso pagado por una de las acusaciones
This episode breaks an exclusive story about a significant potential conflict of interest in the Spanish legal system. It discusses how three Supreme Court judges, who recently condemned the former Attorney General, Álvaro García Ortiz, subsequently gave a paid course organized by the Madrid Bar Association—a party that had acted as an accusation in the same trial. The episode scrutinizes the legal and ethical implications of this sequence of events, while providing new information on the courtroom dynamics and timing.
Quote:
"En plena deliberación, además de esta sentencia cuyos detalles todavía no conocemos…"
(Pedro Jiménez, 00:39)
Quote:
"Lo que es más difícil de entender, Ángel, es que en este caso, esta edición en el Colegio de Abogados de Madrid ha empezado, como te decía, en plena deliberación de una sentencia histórica que condena a Álvaro García Ortiz."
(Pedro Jiménez, 01:23)
Memorable Moment & Quote:
“Y con esto, señores, concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general.”
(Andrés Martínez Arrieta, relayed by Pedro Jiménez, ~02:10)
The episode maintains the investigative and incisive tone characteristic of Hoy por Hoy. Reporters present facts clearly, but draw attention to troubling ethical scenarios, prompting listeners to consider implications for judicial transparency and public trust.
This edition of Hoy por Hoy exposes a possible conflict of interest—or at the very least, an ethical gray area—within the upper echelons of Spain’s legal system, centered on the intersection of judicial deliberation and public educational activities funded by an interested party. The release of Judge Martínez Arrieta’s recorded comments, right amid the sentence deliberations, raises questions about procedure, impartiality, and the overlap between legal professionalism and judicial duty.
Listeners come away with a nuanced, well-documented picture of a developing controversy at the heart of Spain’s justice system.