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Las tres historias de Carlos Alsina para empezar el día 01/07/2026
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Este miércoles 1 de julio, Carlos Alsina nos trae las historias para empezar la mañana: De las trabas del Tribunal Supremo al proceso de regularización de migrantes a las críticas del PP a la 'Ley de Nietos'.
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Esta jornada tres historias para empezar. El miércoles 1.300.000 personas que ya viven en España esperan respuesta a su solicitud para tener permiso de trabajo, para tener papeles con los que residir y tributar aquí en España. Terminado el plazo de la regularización extraordinaria, la tramitación de las solicitudes sigue desbordada. El Gobierno va a presentar alegaciones ante el Tribunal Supremo para defender que esta medida es perfectamente legal y perfectamente acorde con el Pacto Europeo de Inmigración que por cierto se aprobó bajo presidencia española de la Unión Europe. El PP descarrila alentando la sospecha de pucherazo en el censo electoral. Tacha de cálculo electoral de ingeniería electoral la concesión de nacionalidad española a los nietos exiliados y perseguidos y se olvida de que Feijóo lo consideraba hasta ahora un derecho civil que no admitía discusión. Vox alardea de que el PP va chupando rueda y aprovecha para exigir que se prive a los españoles en el exterior de su derecho a votar por correo. La Junta Electoral debe estar fibrilando con estas peticiones que le hace el partido de Santiago Abascal. Y termina el juicio de la Kitchen con la Fiscalía dando por probado que la operación fue delictiva, que se buscaba destruir pruebas que perjudicaran al PP y que el ministro Fernández Díaz siempre estuvo al tanto y controló la operación. El ministro de ahora, que es Grande Marlaska, se revolvió ayer en el Senado contra quienes comparan las cloacas entonces con las leires de ahora y admitió que su directora de la Guardia Civil sí le informó de que se había visto con Leire, o sea que fue él quien no dijo la verdad cuando le preguntaron los periodistas. Terminó ayer el plazo para que los solicitantes de regulación extraordinaria, es decir, las personas nacidas en otros países que han llegado al nuestro sin papeles, de manera irregular, muchas de las cuales llevan aquí años trabajando, trabajando en la economía sumergida, cobrando en negro, para que estas personas presentaran la solicitud. Algunas de ellas ya han recibido respuesta, pero faltan todas las demás. Y es verdad que la administración está colapsada porque el número de solicitudes ha sido muy superior al que el Gobierno estimaba. El Gobierno habló al principio de medio millón de personas regularizadas. Esa era la estimación y han acabado siendo 1.300.000 por eso los sindicatos y las ONGs. Hay ONG que han pedido que se ampliara el plazo, que se diera más tiempo a los solicitantes. Eso de momento no se ha concedido. Hay sindicatos y ONGs que están reclamando ahora más recursos, más medios para que se pueda dar una respuesta cuanto antes a todas estas solicitudes. Ayer el principal sindicato de funcionarios, que es la CSIF, denunció que a sólo unas horas del cierre del plazo no se habían volcado todavía medio millón de las solicitudes en la plataforma desde las que se tienen que ser analizadas por los técnicos. Hay tres meses para resolver cada caso. El Gobierno ya ha dicho que espera o quiere que en una semana estos ciudadanos tengan al menos ya una notificación provisional. Porque ahora hay una carrera, una carrera entre el Gobierno de España y la regularización y el Tribunal Supremo, que ya contamos ayer, aunque algún periódico hoy lo lleva como principal asunto, ya contamos ayer porque lo contaba ya El español y porque lo contaba el diario El Mundo, al César lo que es del César, que en el Tribunal Supremo se había abierto una vía. El Tribunal Supremo tiene dudas de qué. Tiene dudas de que la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de España encaje en la normativa o en la legislación europea. En realidad hablamos del Pacto de Migración y Asilo que firmaron los gobiernos de la Unión Europea hace ya yo creo que año y medio. Como el Tribunal Supremo no es que se mete en este asunto por iniciativa propia, es que tiene presentados unos recursos que tiene que analizar y sobre los que tiene que pronunciarse. De los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana, en su día ya resolvió uno del Gobierno de la Comunidad Madrid que pedía la suspensión de la regularización extraordinaria. El Supremo lo que ha dicho es que se está planteando elevar una consulta al Tribunal Superior Europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una consulta es preguntarle si a su juicio encaja la regularización española en la norma europea. Ni siquiera ha dicho el Tribunal Supremo que vaya a formular o a realizar esa consulta. Ha dicho que se lo está planteando, que está dudando, como decían ayer los títulos de las informaciones. Todavía, por tanto, no hay una decisión, pero es probable que la acabe habiendo. Hoy dice una información del diario El español de María Peral, que en el Supremo lo que dicen es que si llega a plantearse, si llegan a hacer esta consulta al Tribunal Europeo que en todo caso se comprometen a ir muy deprisa, a no dormirse en los laureles porque puede ocurrir que los solicitantes de la regulación extraordinaria, los solicitantes de papeles, hayan recibido ya una respuesta positiva a su solicitud y por tanto reciban el permiso de trabajo y el permiso de residencia y luego llegue el Tribunal Supremo y diga que la regularización no encaja en la legislación europea. ¿Y entonces qué hacemos? Dile tú al inmigrante que ha conseguido sus papeles que ahora los tiene que devolver. ¿Cómo se hace? Y entonces el Gobierno vamos a meter prisa a ver si conseguimos cuanto antes regularizar la situación y responder a las solicitudes. En esta información de María Peral se el Tribunal Supremo no se va a dormir en los laureles. Calcula que a finales de año o incluso a principios del 27 podría tener ya una resolución muchos meses por delante a riesgo de que se produzca esa situación complicada que sería. ¿Cómo hacemos si ya tienen los papeles para decir ahora que la regularización no se debió haber hecho? Bueno, las críticas políticas de la oposición desde que se anunció la regularización están ahí. Por cierto, depende del asunto migratorio, entre otras cosas, que Juanma Moreno saque adelante o no su investidura en Andalucía. Ayer hubo la primera votación. La perdió el señor Moreno porque no cuenta todavía con el apoyo de Vox. Todavía, Porque Vox lo que está diciendo es nosotros en cuanto firmemos un pacto votamos a favor, no de Juanma Moreno, sino del pacto. ¿Y de qué depende? Pues de llegar a un pacto. ¿Y de qué depende el pacto? Pues de que Juan Mamareno trague con las exigencias que le ha planteado Vox que son las mismas que en las otras comunidades autónomas donde sus colegas los varones populares ya pasaron por el aro y ya tragaron información. Creo que es en El Mundo. Es que Juanma Moreno quiere un perfil propio y entonces quiere ceder un poco, pero no tanto como sus colegas los varones. ¿Prioridad nacional? Sí, pero con algún añadido que le quite un poco de peso tener a alguien de Vox en su gobierno. ¿Gobierno de coalición? Sí, pero que sea solo uno y que mande poco. Bueno, y todo esto significa que el calendario sigue adelante. El calendario todavía es bastante holgado. Mañana será la segunda votación del primer intento de investidura. Le basta con mayoría simple, pero no la va a tener salvo que hoy mismo se anuncie un pacto, pero es que luego tiene casi dos meses por delante hasta que hubiera que convocar elecciones en caso de que no hubiera investidura, con lo cual la cosa se puede dilatar o no. En todo caso, nadie duda a estas alturas de que visto lo visto en Extremadura, en Castilla y León y en Aragón, Juanma Moreno acabará siendo investido con los votos de Vox como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Vox muy satisfechos porque ven que el PP acaba siempre chupando rueda al rebufo de las banderas que ellos enarbolan y asumiéndolas, como ha ocurrido con esto de la Ley de nietos que se empeñan en llamar ley de nietos cuando no existe ninguna ley de nietos. Es, como ayer explicó el Partido Popular, por fin una disposición de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en el año 2022 conceder la nacionalidad o permitir que soliciten la nacionalidad española los hijos o nietos de personas que eran españolas que abandonaron España perdida, derrotados en la Guerra Civil y huyendo de la represión y que se fueron a otros países y se les privó de la nacionalidad española. Por tanto, los hijos y los nietos no la tienen, la habrían tenido si no se hubiera privado sus abuelos de esa nacionalidad. Esta es la filosofía de la Ley de Memoria Democrática. El PP está alimentando esta idea de que hay lo que Feijóo llama, por no llamarle pucherazo electoral, lo llama ingeniería electoral, Es decir, fabricar votantes nuevos en el extranjero en la confianza de que todos sean sanchistas, supongo, y todos voten al Partido Socialista cuando llegue. Bueno, el PPC ha metido en un cierto lío argumental. Primero ha conseguido que en lugar de estar hablando en los medios de comunicación y en las tertulias de la SEPI de las imputaciones de Leire Díez de Marlaska, de la directora de la Guardia Civil y de las joyas de Zapatero, pues estemos hablando de los nietos de los exiliados españoles y de la ingeniería que dice Feijóo. Desde el Gobierno le han recordado a Feijóo que en las elecciones del 23, en la campaña pasó una cosa y es que como el PP estaba en contra de la Ley de Memoria Democrática, de la Ley de Memoria Democrática, el PP prometió que iba a derogar la Ley de Memoria Democrática si conseguía votos Y entonces el PSOE empezó a hacer campaña en Argentina diciéndoles a los descendientes de Españ cuidado que este señor Feijóo, como gobierne, va a privaros de la nacionalidad española, de la posibilidad de obtenerla, porque va a derogar la ley que os da esa vía. Y entonces se fue Feijóo a hacer campaña en Argentina y dijo que no, que no, que no, que no, que es al revés, que nosotros lo que queremos es que no sea sólo una disposición de una ley, sino una ley como tal. Esta sí, una ley de nietos. ¿Para qué? Pues para que los descendientes de españoles vean reconocido su derecho civil, así lo llamó, su derecho civil a tener la nacionalidad, no dependiendo de en qué año se fueron tus antepasados o tus abuelos de España, no dependiendo de las fechas y no dependiendo ni siquiera de la persecución ideológica, también por razones económicas. Entonces, vamos a ver, el PP, la pregunta que tiene que responder. Bueno, tiene que responder algunas preguntas que aún no ha respondido. Fundamentalmente dos. ¿Una, con esta ley que plantea Feijóo habría más solicitantes de nacionalidad que los que hay ahora? Si quitas dos de los requisitos, se supone que habrá más solicitantes, más potenciales nuevos españoles, en lugar de menos. Si el escándalo es que haya dos millones y medio de nuevos censados, en teoría la posibilidad de con la nueva ley del PP o con la ley que plantea el PP, ¿Cuántos serían? En lugar de dos millones y medio, que serían tres. La ingeniería electoral entonces, Y igual tiene que responder el PP en algún momento qué quiere que pasen, o sea, qué quiere que la Junta Electoral, como Vox, que siempre va de frente, pues Vox dice que se deje fuera del voto del CERA de los españoles en exterior. Ayer dijo que no se permite a los españoles que están en el exterior votar por correo porque no hay garantías suficientes. Bueno, Vox por lo menos concreta lo que quiere que se haga el PP. ¿Qué quiere que se haga exactamente? Que no se tome en consideración en las próximas generales el voto de los españoles en el exterior. Pero si en el 13 ganó de calle el PP en el voto de los españoles en el exterior Si le metió creo que 16 mil votos de ventaja al Partido Socialista en este momento tienen derecho a votar españoles que no residen en España a votar en generales. Creo que son dos millones y pico de personas. En realidad vota una de cada diez. En realidad acaban votando 200.000 y en el 23, ya con la Ley de Memoria Democrática en vigor, el Partido Popular es que ganó de calle en el CERA, sobre todo en Galicia y en Madrid, donde duplicó los votos del Partido Socialista. Se está acabando el juicio de la Kitchen con los alegatos finales de las partes y sin modificar las posiciones y los criterios iniciales. Ayer intervención de la Fiscalía Anticorrupción, mucho menos celebrado el fiscal César Derriba que el fiscal Luzón cuando hizo su intervención en el final del juicio de las mascarillas. Intervención de la Fiscalía Anticorrupción para reafirmarse en la petición de penas, singularmente en dos, que son las que políticamente tienen más relevancia la petición de 15 años de prisión para Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior con Rajoy y de su número dos, Francisco Martínez, que fue el secretario de Estado. También para quien fue el director adjunto operativo de Fuenio Pino. ¿Qué dice la Fiscalía? Que ha quedado acreditado que fue una operación política, una operación ilícita, una operación ilegal, que nada de que era una operación policial para conseguir pruebas con las que luego condenar a Bárcena, que no, que era para conseguir pruebas y destruirlas y así proteger al presidente o al partido del presidente del Gobierno. Lo que dice la Fiscalía. El tribunal todavía naturalmente, pues no se ha pronunciado, tendrá que retirarse a deliberar una vez que termine el juicio y en su día se sabrá si el tribunal condena a quien fue uno de los ministros más relevantes de la etapa de Mariano Rajoy, el señor Fernández Díaz.